Entre los delitos contra la Administración Pública encontramos una larga lista como la prevaricación, delito de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios...
Entre los delitos contra las relaciones familiares, destacan los delitos de violencia de género, quebrantamiento de deberes de custodia y menores, así como los delitos contra menores de sustracción, abandono de familiares o impago de pensiones.
Los delitos contra la Administración de Justicia son de diversos tipos, como los delitos de encubrimiento, delitos de realización arbitraria del propio derecho, delito de acusación, delito de denuncia falsa y de simulación de delitos, delitos de falso testimonio, delitos de obstrucción a la justicia o delitos de quebrantamiento de condena.
Los delitos contra la libertad o los delitos contra el honor y la intimidad suelen darse en situaciones de detenciones ilegales y coacciones o ante amenazas, injurias, calumnias o allanamientos de morada.
Dentro del derecho penal, existe un amplio capítulo de delitos económicos, como contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, sobre accidentes de trabajo, de contratación ilegal y contra el medio ambiente.
Los atentados contra la autoridad y funcionarios públicos se producen cuando se ofrece resistencia y desobediencia ante los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como Policía o Guardia Civil, o ante los trabajadores de la función pública.
Los delitos contra las personas pueden ser por homicidio, asesinato, inducción al suicidio, eutanasia, aborto, genocidio o, los más comunes, por lesiones, como los accidentes de tráfico, o en los casos de malos tratos.
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