Los atentados contra la autoridad y funcionarios públicos se producen cuando se ofrece resistencia y desobediencia ante los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como Policía o Guardia Civil, o ante los trabajadores de la función pública.
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Los delitos contra la Administración de Justicia son de diversos tipos, como los delitos de encubrimiento, delitos de realización arbitraria del propio derecho, delito de acusación, delito de denuncia falsa y de simulación de delitos, delitos de falso testimonio, delitos de obstrucción a la justicia o delitos de quebrantamiento de condena.
Entre los delitos contra la Administración Pública encontramos una larga lista como la prevaricación, delito de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios...
Los delitos contra la libertad o los delitos contra el honor y la intimidad suelen darse en situaciones de detenciones ilegales y coacciones o ante amenazas, injurias, calumnias o allanamientos de morada.
Entre los delitos contra las relaciones familiares, destacan los delitos de violencia de género, quebrantamiento de deberes de custodia y menores, así como los delitos contra menores de sustracción, abandono de familiares o impago de pensiones.
Los delitos contra las personas pueden ser por homicidio, asesinato, inducción al suicidio, eutanasia, aborto, genocidio o, los más comunes, por lesiones, como los accidentes de tráfico, o en los casos de malos tratos.
Dentro del derecho penal, existe un amplio capítulo de delitos económicos, como contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, contra los derechos de los trabajadores, sobre accidentes de trabajo, de contratación ilegal y contra el medio ambiente.