Los atentados contra la autoridad y funcionarios públicos se producen cuando se ofrece resistencia y desobediencia ante los Funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, como Policía o Guardia Civil, o ante los trabajadores de la función pública.
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Las acciones por las que se comete este delito pueden producirse en incidentes con acometimiento, es decir, con agresión o ataque físico; con empleo de fuerza, obligando a hacer o padecer lo que no desea el funcionario; con intimidación grave, como cuando se amenaza; o resistencia activa también grave a la autoridad, por ejemplo cuando el sujeto activo del delito impide o dificulta la actuación de la Policía en casos de circulación imprudente de vehículos.